Cañada Real: Una respuesta comunitaria para garantizar derechos básicos
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Desde el 2 de octubre de 2020, más de 4000 vecinas y vecinos de la Cañada Real se encuentran sin acceso a electricidad. En todo este tiempo, ni la compañía responsable del suministro (Naturgy), ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid han abordado el tema con la importancia que este tiene. Mantener a todas estas familias sin luz acarrea múltiples problemas de salud, no solo individual, sino también colectiva: aumento de enfermedades respiratorias, intoxicaciones por monóxido de carbono, problemas para mantener una alimentación adecuada, dificultades para mantener medicamentos o dispositivos sanitarios que necesitan de electricidad para ello, efectos sobre la salud mental (ansiedad, depresión suicidio). Además estos efectos golpean más a quienes están en mayor vulnerabilidad, como mayores, niñas y niños, y sus efectos se proyectan hacia el futuro: ¿cuándo podrán recuperar estos menores todo el retraso escolar acumulado por no poder seguir las clases adecuadamente al no poder tener luz para enchufar los dispositivos electrónicos?
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En el mes de septiembre, desde el Observatorio de salud comunitaria y COVID-19 lanzamos un manifiesto para llamar la atención sobre la necesidad de abordar la pandemia dándole la importancia que merece a la acción comunitaria en salud, y señalando 5 puntos clave. Consideramos que estos 5 puntos son también aplicables a situaciones como la que se está dando desde hace más de 2 meses en Cañada Real. Por eso solicitamos a las autoridades competentes que actúen de manera urgente en este sentido:
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1. Visibilizar a los invisibles abordando la influencia de las condiciones de vida en la salud. Es necesario promover un diálogo local entre las comunidades, las instituciones y los servicios públicos, así como facilitar la participación activa de las personas afectadas en el proceso, movilizando acciones, recursos y activos para la salud, sin dejar a nadie atrás.
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2. Integrar la mirada a lo individual en su contexto comunitario. Se debe huir de soluciones individuales de los procesos. Una situación de emergencia social precisa implementar una salida grupal y comunitaria con enfoque de derechos y que permita la elaboración colectiva de los efectos asociados y de los procesos personales de adaptación.
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3. No culpabilizar, señalar ni estigmatizar sino promover la salud. Señalar a las personas y colectivos afectados como responsables de su situación, y escudarse en ello para no reconocer sus derechos es una estrategia que fomenta la estigmatización y la confrontación social, además de aumentar el sufrimiento y la carga de enfermedad de aquellos. Es necesario un cambio de narrativa en la comunicación que fomente la responsabilidad social y la resiliencia comunitaria.
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4. Garantizar los recursos de atención primaria, puerta de entrada a la comunidad. Los profesionales de atención primaria que llevan años implicados en el territorio conocen en profundidad las necesidades, recursos y activos comunitarios. Desde el comienzo han llamado la atención sobre los efectos del corte de suministro eléctrico sobre la salud y sobre su propia intervención, que debería ser reforzada en una situación de emergencia como la actual.
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5. Asumir las responsabilidades de salud pública en relación a la crisis actual. Las actuaciones de salud pública tienen que ser transversales e inclusivas dentro del sistema sanitario y dinamizadoras de los recursos y activos de la sociedad y las diferentes comunidades. Desde Salud pública se debe articular la cooperación entre los diferentes servicios públicos, especialmente los centros educativos, los servicios sanitarios, los servicios sociales y otros servicios municipales, para abordar los diferentes efectos de esta crisis en las vecinas y vecinos de la Cañada Real. También el Ayuntamiento tiene un papel clave en este sentido.
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Por último, queremos recordar que la falta de suministro eléctrico es también un problema acuciante en otros lugares de España, como por ejemplo el Font de la Pólvora, en Girona, la Zona Norte de Granada, o la Chanca, en Almería. En todos ellos, demandamos a todos los agentes institucionales y empresariales que asuman sus responsabilidades para garantizar los derechos y, de esta manera, la salud de sus habitantes, que en estas circunstancias se ve gravemente afectada.
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